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*Así lo señaló el diputado David Sandoval, autor de la iniciativa legal que comenzó su análisis en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara

La Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados inició el estudio y discusión del proyecto de ley que limita la adquisición de tierras por extranjeros.

Así lo indicó el diputado David Sandoval, autor de la iniciativa legal ingresada al Congreso en agosto de 2013, quien explicó que con ello se busca, entre otros aspectos, limitar la compra a 1.000 hectáreas de la superficie total de una comuna y a 2.000 de una provincia. “Este proyecto representa un paso importante para responder a las inquietudes de cientos pobladores y pobladoras de nuestra región respecto de un tema muy relevante para la comunidad. Por eso es tan importante que esta comisión, la cual además integro, inicie semana la tramitación”, señaló.

El parlamentario dijo que la idea es seguir el ejemplo de países que han legislado sobre esta materia, estableciendo límites en esta materia. “Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Reino Unido, Brasil y Argentina nos llevan la delantera en esto. Incluso Argentina, por ejemplo, que hace no mucho promulgó una ley en tal sentido, fijó en mil hectáreas lo que puede comprar un extranjero en el país”, precisó.

Para Sandoval es fundamental poner en marcha esta regulación, para así evitar casos como del Parque Pumalín, de propiedad de Douglas Tompkins, situación en la que cuestionó “que una persona sea dueño de un terreno que se extiende desde la frontera hasta el mar”, agregando que con la iniciativa se pretenden establecer resguardos en materia de conectividad, soberanía y promover el poblamiento de zonas aisladas y fronterizas “como es el caso de la región de Aysén”.

Por lo mismo, el legislador confía en que el proyecto de ley tenga una tramitación rápida y expedita “porque se hace parte de una realidad que en nuestro país era necesario legislar”.

Cabe señalar que además de establecer la limitación de la adquisición de tierras respecto al número de hectáreas, el proyecto establece que serán los notarios y los respectivos conservadores de bienes raíces los responsables del fiel cumplimiento de esta disposición bajo pena de ser sancionados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 441 del Código Orgánico de Tribunales y, con la pérdida de su empleo en caso de reincidencia.